La JEP y la UBPD fueron creadas para responder a algunas de las obligaciones del Estado colombiano frente a las víctimas del conflicto armado: garantizar el acceso a la justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad, buscar a las personas dadas por desaparecidas y brindar respuestas institucionales que permitan avanzar en su reparación y en las garantías de no repetición.
La Representante a la Cámara por Bogotá, Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’, informó que, junto con otros congresistas del Pacto Histórico, organizaciones sociales y de víctimas, defensores de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad, presentaron ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una solicitud de respaldo y alerta frente a la situación actual del Sistema Integral para la Paz, particularmente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
“Radicamos esta solicitud, porque quienes piensan y están permitiendo quitarle 100.000 millones de pesos a la paz, están atentando directamente contra la paz, desconociendo el mandato que existe hasta el año 2033 y poniendo en juego las garantías de no repetición y la vida de la gente en el país”, enfatizó Lalis.
Los firmantes de la comunicación buscan que estos organismos internacionales conozcan la situación coyuntural que atraviesa el Sistema Integral para la Paz y examinen las posibles implicaciones de las decisiones presupuestales, las iniciativas de reforma y otras medidas que puedan afectar a la JEP y a la UBPD, así como su impacto en la capacidad del Estado colombiano para garantizar el adecuado funcionamiento de la justicia transicional, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y los derechos de las víctimas.
Asimismo, la comunicación, solicita que, en el marco de sus respectivas competencias, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realicen un seguimiento atento a la evolución de estas circunstancias y a las condiciones institucionales, financieras y jurídicas necesarias para asegurar la continuidad de los compromisos internacionales asumidos por Colombia.
La solicitud busca poner de presente que la protección de las instituciones que hacen parte del Sistema Integral para la Paz constituye un elemento fundamental para garantizar los derechos de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano. En ese sentido, los firmantes pidieron a la comunidad internacional mantener una atención especial sobre las decisiones que puedan incidir en la continuidad, autonomía y capacidad operativa de la JEP y la UBPD, y contribuir, dentro del marco de sus competencias, a que los procesos de justicia, verdad, búsqueda y reparación puedan avanzar de manera efectiva.
En Colombia no se puede permitir que los derechos de las víctimas queden subordinados a decisiones políticas, presupuestales o institucionales de corto plazo. La paz no se garantiza únicamente con discursos, se construye cumpliendo los compromisos adquiridos con quienes más han sufrido el conflicto.
“Hacemos un llamado a proteger y fortalecer la JEP y la UBPD, a garantizar los recursos y las condiciones necesarias para su funcionamiento y a mantener la mirada de la comunidad internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano tiene con las víctimas”, concluyó la representante Lalis.
